Cuidado! La vivienda es un activo tóxico

Que nadie se lleve a engaño, la vivienda no es un derecho, ni un bien de uso, es un producto que sirve para especular. Los datos bien lo demuestran. Entramos en el quinto año de crisis y el precio de la vivienda sigue por las nubes. Si caen los precios los bancos se hunden. Entre 1997 y 2007 el coste medio del metro cuadrado de vivienda libre casi llegó a triplicarse y en estos momentos tan sólo ha bajado a niveles de 2005. España además ostenta el récord mundial de viviendas vacías por habitante con casi seis millones, alrededor de un 20% del total.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria demostró que los milagros no existen y la mierda siempre acaba flotando: salió a la luz la perversidad de las políticas públicas orientadas a fomentar la economía del ladrillo (el “todo urbanizable”) y del crédito fácil de los bancos (no esperaban devolución, les bastaba revender las hipotecas en Bolsa) así como la megalomanía, la estupidez, la corrupción y el despilfarro por parte de cargos públicos y constructoras. Aunque algunos sectores de las clases medias propietarias incrementaron sus rentas, vendiendo herencias e invirtiendo en el sector inmobiliario, las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico de la población incrementó su patrimonio cerca de un 50 %, mientras que entre 1994 y 2006 el salario medio perdió un 2,4% de poder adquisitivo y la deuda de las familias creció seis veces (225%) más rápido que sus rentas disponibles (39%). ¿Milagro español? No, una receta basada en lo que Robert Brenner llamó keynesianismo de precio de activos: el aumento del valor nominal del patrimonio doméstico, en este caso la vivienda, estimula la demanda y el endeudamiento. Para entendernos, el aumento del precio de la vivienda dio acceso a nuevos créditos, lo cual relanzó el consumo a pesar del estancamiento del salario medio. Por su lado, las promotoras y constructoras se han ido declarando en concurso de acreedores para no hacer frente a su ruina, mientras se quedan con el dinero ganado en años anteriores.

Los bancos españoles siguen hiper-endeudados con aquellos bancos mayores y extranjeros que les prestaron en el boom, no porque no hayan recuperado esos préstamos, sino porque lo que obtuvieron de la compra-venta de activos inmobiliarios en Bolsa figura en otro apartado contable y fue consumido en formas de dividendos y súper-salarios en la década de crecimiento. Desde 2008, se les ha rescatado con planes públicos explícitos y con estrategias menos transparentes, como los muy baratos préstamos del BCE para comprar deuda pública de países europeos. Pero necesitan más dinero. Los bancos siguen presionando para que los precios se mantengan y así poder conservar sus balances alejados de una más que posible quiebra. Sin embargo, siguen aumentando los inmuebles en sus manos por el embargo de familias deudoras y empresas en quiebra. Resultado: más activos tóxicos en sus balances, más problemas de liquidez y miles de familias desahuciadas.

Según un estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), entre 2008 y 2015, alrededor de 510.000 familias perderán su vivienda debido a ejecuciones hipotecarias. De hecho, AFES señala que entre 2004 y 2008, una de cada cinco hipotecas concedidas era de alto riesgo. Quién no estaría a favor de que cuando un banquero dé consejos sobre economía reciba un tartazo en la cara. Aún está por ver cómo se concreta la reforma del sistema financiero. Para calibrar el tamaño del problema, observemos que el Banco de España cifra en 176.000 millones de euros los activos inmobiliarios problemáticos. Los bancos han podido mantener en sus balances activos inmobiliarios a precio ligeramente inferior al de la burbuja es porque el Banco de España cambió la regulación en 2009 para salvarles de la quiebra, el famoso tuneado de cuentas, a costa de mantener hinchados los precios de la vivienda en general.

La reactivación suicida del ciclo inmobiliario es el objetivo: la recuperación de la desgravación por compra o los comentarios de Cañete sobre la Ley de costas apuntan en esta dirección. Lo que parece obvio es que el gobierno considera la vivienda como un activo económico imprescindible para recuperar la senda del ¿crecimiento?.

El gobierno dice descartar la opción del banco “maloooo”, una creación satánica que, como si de un agujero negro se tratase, engulliría un suculento bocado lleno de activos tóxicos (viviendas en las que vive o vivía gente) para eructarlo en forma de “prueba superada”. Un “banco maloooo” consistiría en la compra con dinero público de casas (pero también de suelo) a precios artificialmente inflados. Existe el precedente del TARP en 2008 en Estados Unidos, en el cual el gobierno federal se gastó 700.000 millones de euros (más que la suma de todos los salarios de España) en comprar hipotecas subprime. Esta operación fue muy impopular y quizá por esto mismo el PP no quiere plantear este modelo de rescate “a lo bestia” y lo más seguro es que opten por compras públicas de activos inmobiliarios más discretas. Si todos los activos tóxicos que se vienen avalando con dinero público se agruparan en una agencia, ésta englobaría miles de viviendas y locales que no podrían recibir otro nombre que inmuebles públicos.

El problema sigue estando encima de la mesa, si el precio de la vivienda cae los bancos aumentarían su deuda y no asegurarían los depósitos. Si el precio de la vivienda no baja, los bancos no se podrán deshacer del parque inmobiliario en sus manos, ni la población acceder a un derecho básico. Sin dación en pago, que posibilitaría la liquidación de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves, el banco sigue sin recuperar el préstamo porque la gente no puede pagar y acumula viviendas sin sentido. Este es el callejón sin salida.

Está en manos de la presión social poner fin a un laberinto ya recorrido. Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas y otros grupos que trabajan sobre vivienda plantean soluciones justas y viables. La vivienda debe dejar de ser un negocio y ajustarse a la rentas disponibles en un país con casi 5 millones de parados y donde el salario del 55 % de los trabajadores no llega a los 1.100 euros mensuales. Los inmuebles en manos de los bancos, consideradas activos tóxicos y que necesitan ser avaladas por el Estado, podrían utilizarse para poner en marcha un plan de alquiler social para posibilitar que las familias que no pueden hacer frente a la hipoteca puedan continuar en su vivienda bajo régimen de arrendamiento; para que parados, mileuristas y personas con pocos recursos puedan acceder a un derecho constitucional; y para promocionar las cooperativas en régimen de cesión de uso. Todas estas medidas serían una buena forma de acabar con el endeudamiento y garantizar el acceso a la vivienda. También servirían para que las “inversiones” dejaran de orientarse hacia la especulación y sirvieran para generar bienestar social.

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